Dimitris Aggelidis
El acuerdo entre la UE y Turquía del 18 de marzo fue recibido en círculos oficiales en Atenas no sólo con alivio, sino también con entusiasmo. No obstante, con esto el gobierno de Syriza actúa contra las políticas y los valores que representó por años como partido de oposición y que puso en práctica en su primer año de gobierno: un rechazo a la xenofobia y al racismo, el énfasis en los derechos humanos y en el Estado de derecho. Estos logros se están desmantelando ahora. Con un cambio en la ley el 15 de junio, el gobierno intervino, sin un debate previo, en la composición de las comisiones que deciden sobre las solicitudes de asilo. El Ministerio de Política Migratoria presentó el cambio, de forma totalmente sorpresiva, en el marco de un proyecto de ley, por lo demás irrelevante. El objetivo son deportaciones masivas a Turquía de refugiados sirios y de otros países.
A esto le siguieron vehementes reacciones tanto dentro de Syriza como de parte de organismos sociales y de organizaciones de derechos humanos, que culpan al gobierno de socavar la independencia de las comisiones y de hacer una intervención directamente política en los procedimientos de asilo.
En los primeros tres meses después del trato entre la UE y Turquía las comisiones para el asilo les dieron con frecuencia la razón a aquellos refugiados que habían interpuesto un recurso contra las decisiones de la primera instancia de la oficina de asilo. Las comisiones para el asilo juzgaron que las solicitudes de los refugiados eran “lícitas” en su mayoría, puesto que Turquía no es un tercer país seguro. Para ello se apoyan en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, en reportes de organizaciones internacionales, de instituciones independientes y de organizaciones de derechos humanos. De esta manera se opusieron diametralmente contra la política de la UE de dejar fuera a los refugiados. La UE se niega a asumir su responsabilidad respecto a las consecuencias de las guerras y de la desigualdad económica global.
El gobierno griego se opuso a la presión de la UE de reconocer por ley a Turquía como “tercer país seguro”. Pero hizo presión en el mismo sentido sobre los miembros de las comisiones para el asilo. Así, se hizo circular un correo electrónico del director general de Migración y Asuntos Interiores de la Comisión Europea, Matthias Ruete, con indicaciones sobre aquellos casos en los que Turquía se podría considerar como un “tercer país seguro”.
La comisión encontró una forma de imponer su política. Como reveló el “Periódico de los redactores” griego [EFSYN], un funcionario del Ministerio Interior alemán expresó su “sorpresa respecto a las exitosas quejas de migrantes y refugiados frente a la segunda instancia” y las atribuyó a “la participación de ONG en la comisión para los refugiados”. Además, advirtió significativamente que el ministro alemán del Interior estaba en contacto con su par griego. A esto le siguieron declaraciones de funcionarios europeos anónimos que propagaron la misma mentira en la Prensa: las comisiones, dijeron, estaban compuestas por miembros de “ONG de la sociedad civil”.
Por supuesto que ninguna ONG participó en las comisiones. Éstas estuvieron integradas por un funcionario y dos miembros, nombrados por el Consejo Nacional para Derechos Humanos, es decir, el órgano asesor independiente del estado, y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La nueva composición introducida por el cambio a la ley prevé ahora dos miembros de los órganos de Justicia y sólo un miembro que deberá ser nombrado por el Alto Comisionado. Resulta extremadamente incierto que, en el marco de tal órgano, los miembros de la Justicia puedan actuar de manera independiente. Ya en muchas sentencias de tribunales de lo contencioso-administrativo griegos fue imposible proteger los derechos humanos de refugiados y migrantes, quienes después obtuvieron la razón frente al Tribunal de Justicia Europeo para los Derechos Humanos.
A últimas fechas funcionarios y ministros griegos se han vuelto públicamente contra ONG, grupos de solidaridad y organizaciones de derechos humanos, descalificando su crítica respecto a la violación de derechos humanos. Pues la obstinada resistencia de Grecia contra la presión que la obliga a cerrar las fronteras en el Egeo sólo ha logrado una cosa: la frontera de la Fortaleza Europa ha sido desplazada a la frontera entre Grecia y Macedonia. Si Grecia insistiera de manera consecuente en respetar los derechos humanos, tendría que asistir a un número desconocido de refugiados, y esto en medio de una profunda crisis financiera y sin las instalaciones adecuadas en el país. La única salida para el gobierno fue que la oleada de refugiados fuera detenida en Turquía, sin tomar en consideración los derechos humanos ni la vida de los refugiados. La adaptación forzada a la nueva política xenofóbica de la UE es una derrota más del gobierno de izquierda. Una derrota tanto más dolorosa e incomprensible porque se le presenta como una victoria.
Dimitris Aggelidis trabaja como redactor en el diario griego “Periódico de los redactores” [EFSYN].
