Nikos Chilas

Su mano ya no atrae la fortuna. Cualquier cosa que Alexis Tsipras toca desde el verano pasado les trae la perdición a él y su pueblo. Primero echó a perder el referéndum del 5 de julio de 2015, al convertir un fuerte “Όχι“ (Ochi, No) en un lastimero “Ναι” (Ne, Sí), disgustando al 61.3 por ciento de griegos que rechazaron claramente las imposiciones de los acreedores en Bruselas. De esta forma convirtió la victoria más importante del movimiento de masas desde el comienzo de la crisis en una derrota ignominiosa. Acto seguido, le dio a esta derrota el carácter de una capitulación formal, al firmar en la mañana del 13 de julio en la capital belga un documento con el cual cedió, además del patrimonio estatal, también la soberanía estatal del país. Finalmente, después de haber provocado la división de su partido Syriza, convocó a nuevas elecciones para el 20 de septiembre. Ciertamente las ganó con holgura, pero puso su victoria al servicio de los acreedores.

Esta racha de mala suerte no ha parado desde entonces. Así, también los 10 mil 300 millones de euros otorgados a mediados de junio por la Cuadriga de acreedores –formada por la Unión Europea, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)– resultaron ser un regalo envenenado, con el que la montaña de deudas griegas sigue creciendo. La mayor parte la debió utilizar para amortizar empréstitos del Estado: este dinero fluye automáticamente de regreso a las arcas de los acreedores. El resto lo usó para saldar deudas a corto plazo que el Estado griego tenía con grandes empresas privadas. Es decir que no quedó un solo euro para inversiones productivas. Para ello su gobierno debe cumplir con nuevas imposiciones de los dadores del crédito en los ámbitos fiscal y social, lo cual convierte la visión que tenía Tsipras acerca del crecimiento y de una redistribución con justicia social en un sueño de una noche de verano. Como pasó siempre con tales “acciones de socorro” se trató de dinero envenenado, que le ayuda al primer ministro griego sólo a corto plazo, pues lo lanza a una ruina todavía mayor a mediano y largo plazos.

“Es la maldición del acto malo” juzgó el locutor de una estación de radio griega. La capitulación del 13 de julio provocó un cambio de paradigmas en la historia de la izquierda en toda Europa. El presidente de Syriza y primer ministro griego no sólo sufrió una derrota histórica, sino que se convirtió, aunque de manera involuntaria, en el “esbirro” de los acreedores, en el órgano ejecutor de su programa.

Por lo visto, la maldición es persistente. Para cuando termine el tercer programa de ayuda (o tercer “memorándum”), a mediados de 2018, el gobierno de Tsipras deberá haber llevado a cabo, en total, 277 “reformas”. De éstas, apenas se han realizado 80, o sea que faltan 197. La puesta en práctica de otras 15 reformas, entre ellas una reforma al derecho laboral, que, entre otros, tiene como objetivo desarticular el derecho a huelga, es inminente. “No hay respiro para Tsipras” fue la conclusión a la que llegó el periódico Handelsblatt. El estrés se ha vuelto su eterno acompañante.

Esta falta de respiro se explica por la naturaleza de las medidas, que están en clara oposición con el programa de Syriza. Dos ejemplos de lo que se decidió en los dos meses pasados:

• Impuestos adicionales de mil ochocientos millones de euros (entre otros, un aumento del IVA de 23 a 24 %).
• La creación de un nuevo fondo, al que deberán fluir todos los bienes del Estado griego, entre ellos, 72 000 inmuebles. Su objetivo es ingresar 50 mil millones de euros por la venta o la “utilización” de los bienes. 50 por ciento de las ganancias se invertirán en la recapitalización de los bancos, 25 por ciento serán para el servicio de la deuda estatal y el restante 25 por ciento, para gastos productivos del Estado griego. El fondo fue establecido por 99 años, su consejo de vigilancia y administración está bajo la tutela del MEDE. De esta forma la Cuadriga le impuso a Grecia el plan económico más largo de la historia; supera por mucho los planes a cinco y diez años de los antiguos países donde imperaba el socialismo real. Al final espera la liquidación total: el país será ajeno a sí mismo, ya no dispondrá de bienes públicos.

Un ejemplo característico lo constituye la venta del antiguo aeropuerto Ellinikon de Atenas, que abarca 620 hectáreas y está a orillas del mar. Se le considera, con razón, uno de los solares más caros en las costas de Europa. Su valor fue tasado en más de 3 mil millones de euros por expertos independientes. Pero la dirección del fondo lo malbarató por tan sólo 915 millones de euros al naviero griego Latsis. En esa superficie se está construyendo ahora una ciudad con penthouses para 27 000 personas. El parque para la población ateniense que se había planeado originalmente ya nunca existirá.

Tsipras, entre la espada y la pared: no sólo tiene que llevar a cabo el memorándum actual, sino también administrar la “herencia” de los dos anteriores. Se trata de cientos de leyes que supuestamente pretenden la modernización de la administración, la economía y las finanzas, pero que en realidad convierten a Grecia en un desierto social.

Tsipras es víctima de un chantaje, mismo que pudo haber evitado con su dimisión. Sin embargo, se decidió por permanecer en el gobierno y por la ejecución del memorándum. A pesar de eso trata honestamente de suavizar las repercusiones de su política a favor de los estratos más pobres. Éste es un verdadero trabajo de Sísifo, pero también su excusa más eficaz. Justifica el hecho de que está causando daños irreparables con su memorándum “de izquierda” diciendo que, en su lugar, cualquier otro hubiera sido mucho más complaciente con los acreedores. Además, afirma que él mismo es la garantía para una política social y favorable al crecimiento, misma que transcurre de manera paralela al memorándum, o, mejor dicho, transcurrirá próximamente con los miles de millones del paquete de inversión de Juncker.

Todo parece señalar que al nuevo Tsipras retocado ya no le cree la población. Tan sólo lo tolera porque los políticos de oposición resultan todavía menos recomendables. Su futuro depende únicamente de la dimensión de la paciencia de la gente.

Cuando se terminará esta paciencia, no se sabe con claridad. Los eventos en ocasión del aniversario del referéndum del 5 de junio podrían dar las primeras señales al respecto. En Grecia (y otras partes de Europa) innumerables personas se sienten defraudas por la milagrosa transformación del “No” en “Sí”. Grandes movilizaciones de masas en estos días serían una mala señal para Tsipras, también en vista de las medidas que planea para el próximo otoño…

El hecho es que hasta ahora el primer ministro Tsipras no ha sido molestado por movilizaciones militantes. Las huelgas generales y por ramos a partir de mediados de 2015 como consecuencia de su capitulación no se salieron de cauce.

Sus propias experiencias con tales acciones han sido predominantemente positivas, puesto que antes de 2015 las había ganado en su condición de coorganizador. Este período –entre 2011 y 2015– coincidió con el meteórico ascenso de Syriza. En esa época, como lo muestra una estadística de la policía, se realizaron en Grecia 27 103 (!) manifestaciones y mítines: un número récord. Tsipras supo aprovechar magistralmente ese inmenso potencial para sus fines. Entonces, cuando todo lo que tomaba en las manos todavía se transformaba en oro.

Pero hoy ya no es un alquimista político. Ya no puede reinterpretar el sentido del referéndum, tampoco puede borrar de la memoria de los activistas el recuerdo de las miles de acciones. El aniversario del 5 de julio ofrece entonces una buena posibilidad para reactivar esa memoria. Y también para nuevas movilizaciones: ahora no a favor de Tsipras, sino contra su memorándum.

Nikos Chilas fue cofundador de FaktenCheck:HELLAS, ahora está activo en la redacción de FCE y desde 1999 escribe para el periódico griego “To Vima”.

Tras una lucha laboral que duró cinco meses, los empleados de limpieza de la sociedad ateniense de autobuses OSY logró una victoria en Grecia. Como muchos empleados que tienen que trabajar mediante empresas subcontratistas, no sólo no habían recibido su salario durante meses, sino que por años les habían pagado sólo 450 euros al mes, en lugar de los 680 euros que se habían acordado. Después de dos huelgas de ocho y quince días y gracias al vasto apoyo por parte de activistas de izquierda y sindicales, ahora se tendrán que pagar todos los sueldos pendientes.

Esto afectaba sobre todo a las empleadas mujeres y migrantes. Apostolis Kassimeris, miembro de la junta directiva del Sindicato de Choferes de Autobuses de Atenas, dijo al respecto: “La importancia particular de esta huelga radica en que muchos de los empleados de limpieza sufrían una triple opresión: como migrantes, como mujeres y como mano de obra barata. Esta lucha es un ejemplo para otras y otros trabajadores, pues sucede con frecuencia que no se paguen los salarios.” También cuenta que, al principio de la disputa, los empleados de limpieza prácticamente no se atrevían a hablar con los representantes de los sindicatos. Al final fueron quince empleados en un almacén quienes dieron el paso decisivo: se rebelaron y se pusieron en huelga. Por último todas y todos los colegas de los siete almacenes participaron en la huelga.

Esta lucha laboral también pone los reflectores sobre la política del gobierno de Syriza. Éste es el responsable directo de la gestión de las empresas públicas de autobuses, y pudo haber ejercido una temprana acción para que se rescindiera el contrato con el subcontratista “Link Up” y para que se empleara directamente a los empleados de limpieza. Esto no sucedió. No fue sino hasta después de una protesta de los empleados de limpieza frente a la central de Syriza que se habló con ellos y se les concedió apoyo. [Texto: Sascha Stanicic]

Dimitris Aggelidis

El acuerdo entre la UE y Turquía del 18 de marzo fue recibido en círculos oficiales en Atenas no sólo con alivio, sino también con entusiasmo. No obstante, con esto el gobierno de Syriza actúa contra las políticas y los valores que representó por años como partido de oposición y que puso en práctica en su primer año de gobierno: un rechazo a la xenofobia y al racismo, el énfasis en los derechos humanos y en el Estado de derecho. Estos logros se están desmantelando ahora. Con un cambio en la ley el 15 de junio, el gobierno intervino, sin un debate previo, en la composición de las comisiones que deciden sobre las solicitudes de asilo. El Ministerio de Política Migratoria presentó el cambio, de forma totalmente sorpresiva, en el marco de un proyecto de ley, por lo demás irrelevante. El objetivo son deportaciones masivas a Turquía de refugiados sirios y de otros países.

A esto le siguieron vehementes reacciones tanto dentro de Syriza como de parte de organismos sociales y de organizaciones de derechos humanos, que culpan al gobierno de socavar la independencia de las comisiones y de hacer una intervención directamente política en los procedimientos de asilo.

En los primeros tres meses después del trato entre la UE y Turquía las comisiones para el asilo les dieron con frecuencia la razón a aquellos refugiados que habían interpuesto un recurso contra las decisiones de la primera instancia de la oficina de asilo. Las comisiones para el asilo juzgaron que las solicitudes de los refugiados eran “lícitas” en su mayoría, puesto que Turquía no es un tercer país seguro. Para ello se apoyan en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, en reportes de organizaciones internacionales, de instituciones independientes y de organizaciones de derechos humanos. De esta manera se opusieron diametralmente contra la política de la UE de dejar fuera a los refugiados. La UE se niega a asumir su responsabilidad respecto a las consecuencias de las guerras y de la desigualdad económica global.

El gobierno griego se opuso a la presión de la UE de reconocer por ley a Turquía como “tercer país seguro”. Pero hizo presión en el mismo sentido sobre los miembros de las comisiones para el asilo. Así, se hizo circular un correo electrónico del director general de Migración y Asuntos Interiores de la Comisión Europea, Matthias Ruete, con indicaciones sobre aquellos casos en los que Turquía se podría considerar como un “tercer país seguro”.

La comisión encontró una forma de imponer su política. Como reveló el “Periódico de los redactores” griego [EFSYN], un funcionario del Ministerio Interior alemán expresó su “sorpresa respecto a las exitosas quejas de migrantes y refugiados frente a la segunda instancia” y las atribuyó a “la participación de ONG en la comisión para los refugiados”. Además, advirtió significativamente que el ministro alemán del Interior estaba en contacto con su par griego. A esto le siguieron declaraciones de funcionarios europeos anónimos que propagaron la misma mentira en la Prensa: las comisiones, dijeron, estaban compuestas por miembros de “ONG de la sociedad civil”.

Por supuesto que ninguna ONG participó en las comisiones. Éstas estuvieron integradas por un funcionario y dos miembros, nombrados por el Consejo Nacional para Derechos Humanos, es decir, el órgano asesor independiente del estado, y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La nueva composición introducida por el cambio a la ley prevé ahora dos miembros de los órganos de Justicia y sólo un miembro que deberá ser nombrado por el Alto Comisionado. Resulta extremadamente incierto que, en el marco de tal órgano, los miembros de la Justicia puedan actuar de manera independiente. Ya en muchas sentencias de tribunales de lo contencioso-administrativo griegos fue imposible proteger los derechos humanos de refugiados y migrantes, quienes después obtuvieron la razón frente al Tribunal de Justicia Europeo para los Derechos Humanos.

A últimas fechas funcionarios y ministros griegos se han vuelto públicamente contra ONG, grupos de solidaridad y organizaciones de derechos humanos, descalificando su crítica respecto a la violación de derechos humanos. Pues la obstinada resistencia de Grecia contra la presión que la obliga a cerrar las fronteras en el Egeo sólo ha logrado una cosa: la frontera de la Fortaleza Europa ha sido desplazada a la frontera entre Grecia y Macedonia. Si Grecia insistiera de manera consecuente en respetar los derechos humanos, tendría que asistir a un número desconocido de refugiados, y esto en medio de una profunda crisis financiera y sin las instalaciones adecuadas en el país. La única salida para el gobierno fue que la oleada de refugiados fuera detenida en Turquía, sin tomar en consideración los derechos humanos ni la vida de los refugiados. La adaptación forzada a la nueva política xenofóbica de la UE es una derrota más del gobierno de izquierda. Una derrota tanto más dolorosa e incomprensible porque se le presenta como una victoria.

Dimitris Aggelidis trabaja como redactor en el diario griego “Periódico de los redactores” [EFSYN].

A principios de 2015, tras la victoria electoral de Syriza, Grecia cambió su brutal política hacia los refugiados. Las botes de goma llenos de refugiados ya no eran lanzados de vuelta al mar… y a la muerte. Eso modificó las rutas de huida. En lugar de cruzar el particularmente peligroso Mar Mediterráneo en dirección a Italia, muchos refugiados partían entonces de Turquía hacia las islas griegas, relativamente cercanas. Pero cuando cientos de miles de ellos llegaron a Europa Occidental a través de Grecia, los Balcanes, Austria y Hungría, se dieron las ya conocidas y tristes reacciones: las cercas rodeando a Hungría. Los rigurosos controles en Austria. Nuevos cierres de la frontera entre Macedonia y Grecia. El gran campo para refugiados en Idomeni, en esa misma frontera.

Después vino el acuerdo entre Merkel/Erdogan. Turquía ahora casi siempre impide la fuga mediante rigurosos controles. Los refugiados en Grecia son enviados de vuelta a Turquía. Turquía es declarada “tercer país seguro”. Al respecto dice Pro Asyl: “Para los refugiados que a pesar de los peligrosos caminos logran llegar al territorio de la UE esto significa que pueden ser deportados hacia Turquía. No se están tomando en consideración las necesidades individuales de protección o los motivos de la huida, como la guerra, la tortura o la persecución. En Grecia, por su parte, escasea todo lo necesario para los refugiados: alojamiento, alimentos, atención médica básica.”

Desde entonces, 50.000 refugiados están varados en Grecia. A esto hay que sumarle el hecho de que desde la década de 1990 Grecia ha recibido a más de un millón de refugiados. El país está sumido en la crisis. Los campos para refugiados en las islas griegas se han convertido en campos de internamiento. Hasta ahora “sólo” han sido expulsados a Turquía algunos cientos de personas. Muchos están solicitando entonces asilo en la misma Grecia. Pero la política de Grecia está dando un giro: en dirección al racismo, como el que reinaba en el gobierno anterior (véase artículo).

¿Hay menos refugiados? No. La huida ahora es más cara. Los que se benefician son los traficantes de personas. La fortificación de las fronteras y las operaciones militares cuestan cientos de millones de euros. La que se beneficia es la industria armamentista. Y de nueva cuenta, decenas de miles están eligiendo el camino hacia Italia pasando por Libia. La organización humanitaria Médicos sin fronteras dice: “Los gobiernos europeos están construyendo cercas más altas, y emplean a perros y patrullas fronterizas para detener ante las fronteras de Europa a personas que necesitan ayuda y protección. Ésta es una reacción indignante. […] En los últimos dos años murieron decenas de miles de personas tratando de llegar a Europa a través del Mediterráneo.” En junio de 2016 esta organización decidió no aceptar más dinero de parte de la UE o de los sus Estados miembro, como una protesta contra la brutal política europea contra los refugiados.

El 16 de marzo de 2016 se llegó en Barcelona a un acuerdo que resulta ejemplar en la cuestión de los refugiados: la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la alcaldesa de la isla italiana de Lampedusa, Giuseppina Nicolini, y el alcalde de la isla griega de Lesbos, Spyros Galinos, firmaron un acuerdo de apoyo en cuestiones migratorias. Según consta en él, la ciudad de Barcelona, relativamente rica, les garantizó a ambas islas ayuda técnica, logística, social y medioambiental, para que éstas puedan “mitigar las repercusiones de la masiva llegada de personas que buscan refugio en Europa”.

Ada Colau: “En Barcelona hemos incrementado los recursos destinados en las entidades que están trabajando con los refugiados y hemos recogido toda la solidaridad ciudadana que ha despertado esta situación entre los barceloneses y barcelonesas. Pero ahora toca hacer algo más. Ante el incumplimiento flagrante de Europa, las ciudades ahora levantamos la voz”

Giuseppina Nicolini (Lampedusa): “Tenemos que generar una nueva visión de nuestro Mediterráneo, y cambiar la imagen que la Unión Europea nos quiere hacer ver, que el mar es una frontera.”

Spyrios Galinos (Lesbos): “Debemos encontrar la auténtica raíz del problema: las bombas que caen en Siria. Las personas que llegan a nuestras costas son víctimas. Lesbos no ha perdido su belleza, al contrario. Seguimos conservando nuestra naturaleza, y la belleza de la solidaridad de nuestra gente.

Véase “50 refugiados a Osnabrück” http://50ausidomeni.de/

Sebastian Gerhardt

Inmediatamente después del éxito del voto a favor del Brexit, Nigel Farage del UKIP –United Kingdom Independent Party– puso en claro que una de las promesas centrales de la campaña para abandonar la UE nunca fue abanderada por él: “Los 350 millones de libras” que podrían invertirse semanalmente en el sistema estatal de salud británico, cuando se tengan que dejar de hacer las superfluas transferencias a Bruselas, esos 350 millones de libras –más de 420 millones de euros–, nunca llegarán. Ni hoy, ni en dos años, nunca. Pero eso no es un problema para Nigel Farage. Ya dijo que nunca apoyó esa promesa. Sólo el ex alcalde conservador de Londres, Boris Johnson, en su papel de nuevo hombre fuerte del Partido Conservador, deberá arreglárselas para zafarse de esa promesa, que hizo cuando lideraba la campaña de derechas a favor del Brexit.

El rechazo de la derecha a la UE se centra en dos temas. El primero es la crítica al Banco Central Europeo (BCE), similar a la que manifestó en Alemania el partido Alternativa para Alemania (AfD). Los ultraliberales ven en la política monetaria del Banco Central una restricción inadmisible de las fuerzas del mercado. Especialmente las bajas tasas de interés de los últimos años las consideran una violación a su derecho humano de percibir altas rentas patrimoniales. El hecho de que el Banco Central no determina los intereses, sino que incluso él tiene que seguir el desarrollo del mercado, eso ni se les ocurre a estos pequeñoburgueses insatisfechos. Tampoco el más reciente fracaso de los críticos liberales del BCE ante el Tribunal Constitucional Federal el 21 de junio de 2016 los hará perder la confianza en la competencia sin freno como último escalón de la felicidad.

Pero no es con la política monetaria que los conservadores británicos tienen problemas. Pues el Reino Unido no forma parte de la eurozona. Por eso salen sobrando todas las críticas, justificadas o injustificadas. Por el contrario, los conservadores –como ya lo hizo el UKIP en las elecciones parlamentarias de 2015–, están dirigiendo la atención al segundo tema de la crítica de la derecha contra la UE: la inmigración. Fue en esa contienda electoral que el primer ministro conservador, David Cameron, prometió el referéndum sobre la membresía en la UE: como medio para unir a su partido y para poner entre la espada y la pared al Partido Laborista. Lo último lo logró, lo primero, no. Los conservadores británicos hace años que sienten desconfianza frente a la UE, que para su gusto interviene todavía con una regulación excesiva en la economía. Cameron entró en las negociaciones con la UE enarbolando el lema de restringir la inmigración. Un año después se encuentra, cual aprendiz de brujo, frente a las ruinas de su política.

Ya en la contienda electoral de 2015, por un lado, se trató el tema de los refugiados que intentan atravesar el Canal de la Mancha de alguna manera, por ejemplo, desde Calais. Poco antes del referéndum sobre el Brexit se hizo una vehemente propaganda amenazando con oleadas de refugiados. Pero, por otro, el tema más importante es la inmigración legal, proveniente, entre otras partes, de los Estados de la UE. Al efecto hay que decir que la emigración desde Gran Bretaña rara vez se discute: cada año entre 300 000 y 450 000 personas abandonan el país.

A los medios les gusta escandalizar con la migración laboral de Polonia, que se facilitó claramente después de que el país ingresó a la UE, en 2004. Pues, como sea, a fines de 2013 entre los aproximadamente 63 millones de habitantes de Gran Bretaña, se encontraban, según datos oficiales, 700 000 personas nacidas en Polonia. Según estimaciones no oficiales son alrededor de 1 millón. Entre los inmigrantes europeos los polacos constituyen el mayor grupo. Pero no todos ellos están en edad de trabajar, no todos están empleados. Seguro, la migración laboral se siente en el mercado laboral. Y como todos los migrantes provenientes de países más pobres, los polacos no obtienen los trabajos mejor pagados. Entre los colegas polacos de Inicjatywa Pracownicza, un sindicato de base de izquierdas, muchos han trabajado por períodos largos o breves, a veces incluso repetidas veces, en Gran Bretaña. Dicen que de los tres auténticos movimientos de masas de la sociedad polaca –los fanáticos del futbol, la Iglesia católica y los sindicatos–, sólo dos han sido llevados a las islas británicas: la Iglesia y el futbol.

Por eso resulta o estúpido o malvado reprocharles dumping salarial a los trabajadores polacos. En un mundo globalizado también en los mercados laborales nacionales se topan entre sí personas con muy diferentes condiciones de vida. Lo que para unos sería un salario de hambre, porque viven con su familia en una metrópolis con precios altos, puede significar lo suficiente para que los migrantes y sus familias vivan en la periferia. Esta contradicción es objetiva, y no se le va a poder evitar con deseos o consignas, sino únicamente a través de una organización conjunta de perspectivas solidarias.

Hace veinte años eran los obreros de la construcción británicos e irlandeses quienes se metieron a fuerza en el mercado laboral alemán. Pues en su país no había trabajo, ya no digamos trabajo bien pagado. Mucho tiempo antes de Maggie Thatcher ya se había desarrollado una tradición británica muy propia de austeridad y dumping del salario. Y después la cosa no mejoró, empeoró. Pero en el continente los obreros de la construcción podían ofrecerse como subcontratistas o como trabajadores independientes. Para las empresas alemanas esto significó menores pagos a la seguridad social. Los colegas de las islas eran competitivos. También eso causó conflictos. Pero cuando tres jóvenes alemanes atacaron el 16 de junio de 1996 en Mahlow, Brandeburgo, a tres obreros de la construcción británico-jamaiquinos, la causa no fueron los salarios, sino el racismo. Los alemanes persiguieron a los fugitivos y provocaron un grave accidente automovilístico. Desde entonces, desde hace 20 años, Noël Martin, de Birmingham, está paralizado del cuello para abajo. En Mahlow han cambiado mucho las cosas, igual que en otros municipios, que pertenecen a la muy poblada franja conurbada de Berlín. Y existe un intercambio juvenil con Birmingham, y activistas que trabajan con los refugiados y contra el racismo. Aunque, en febrero de 2016, también se incendió un edificio destinado a ser un alojamiento para refugiados.

La tasa oficial de desempleo en Gran Bretaña fue, en mayo de 2016, apenas de 5 por ciento. La última vez que había estado en un nivel tan bajo fue en octubre de 2005. El reverso de la medalla son los muchos que no logran salir adelante con uno o con varios trabajos. Aunque eso no tiene nada que ver con la migración, sino con casi 40 años de política neoliberal. Con la campaña a favor del Brexit una corriente dentro del Partido Conservador logró integrar una parte de la indignación por el empobrecimiento y el desmantelamiento social en un nuevo proyecto de la derecha populista: ¡Contra “Bruselas” y por la Patria! Mientras que la indignación por la propia necesidad se dirija contra los migrantes, se pueden dirimir con gran intensidad los conflictos entre las élites por la distribución de las grandes ganancias. No hay nada que temer si sólo se debe votar a favor de diferentes versiones de la misma política dominante. Bertolt Brecht advirtió una vez: “El nacionalismo no se vuelve bueno porque esté metido en las cabezas de la gente pobre. Sólo se vuelve completamente absurdo.” Cuánta razón tenía.

Sebastian Gerhardt fue coiniciador de Faktencheck:HELLAS, ahora está en el equipo de la redacción de FCE y es director ejecutivo de Lunapark21.

En Irlanda el establishment político se vio sacudido por una decidida lucha contra la introducción del cobro de tarifas por el agua. Antes de la introducción de estas tarifas a fines de 2014 la clase trabajadora irlandesa daba la impresión de que estaba mayormente de acuerdo –a diferencia de los combativos griegos y griegas– con la agenda de austeridad.

Pero después, como de la nada, se dio en los últimos dos años una serie de manifestaciones masivas y se desarrolló una campaña de boicot, sumamente efectiva, arraigada en las zonas habitacionales, que tuvo como consecuencia que la mitad de la población demostrara que era todo menos dócil.

En este movimiento nos decidimos por una táctica combativa. Estamos incluso dispuestos a ir más allá de los límites establecidos por la ley. En el curso de la disputa el gobierno anterior tuvo que emprender una retirada táctica en varias cuestiones. Por ejemplo, redujeron las tarifas planeadas y pospusieron su introducción, con la esperanza de que eso debilitara al movimiento. Pero no les funcionó. Las tarifas por el agua se convirtieron en tema central de las elecciones parlamentarias en febrero de 2016. Como resultado se dieron fuertes pérdidas en los partidos del gobierno, un fortalecimiento de la izquierda y la formación de un gobierno muy débil conservador de minoría. Ahora se está presentando una ley con la que se suspenden las tarifas por el agua. Esto no implica que se les haya derogado oficialmente, pero la gente lo considera un éxito. Sacan la conclusión de que vale la pena luchar. Se puede vencer al establishment.

Michael O’Brien es concejal por el Socialist Party y por la Anti-Austerity-Alliance en Dublín. Es uno de los principales activistas contra las tarifas por el agua.

Werner Rügemer

Francia 2016: Por primera vez en un Estado de la “comunidad occidental de valores” se está dando una protesta masiva y duradera contra las “reformas” al derecho laboral de la era neoliberal. Esto instituye un ejemplo para toda Europa.

El 15 de diciembre el presidente del Movimiento de las Empresas de Francia (MEDEF), Pierre Gattaz, declaró: “Es tiempo de actuar, y de hacerlo con extrema fuerza.” El gobierno, dijo, debía eliminar las rígidas reglas proteccionistas del derecho laboral que habían valido hasta entonces. Sólo así Francia podría “lograr el crecimiento” e incluso el “pleno empleo”. Mes y medio después el gobierno del presidente François Hollande publicó el proyecto de ley para la “reforma” laboral, que cumple con las exigencias principales de MEDEF.

El proyecto de ley incluye, por lo pronto, los estándares de tales “reformas” como las que se encuentran resumidas en la “Agenda 2010” del entonces canciller federal alemán Gerhard Schröder (Partido Socialdemócrata Alemán, SPD): relajamiento de la protección contra el despido, trabajo a media jornada, trabajo temporal, expansión de la subcontratación. La ley va todavía más allá: se favorecen los contratos intraempresariales, lo cual implica un debilitamiento intencional de los sindicatos. Francia no sólo ha de ser arrastrada a una competencia de dumping con otros Estados de la UE, sino que, además, las empresas francesas deberán competir unas contra otras para bajar los salarios, a costa de los trabajadores dependientes.

Desde marzo de 2016 se desarrollaron protestas masivas, también porque Hollande no cuenta con una mayoría parlamentaria para el proyecto, y la ley ha de ser impuesta autoritariamente pasando por alto al Parlamento con un decreto de emergencia. Alumnos y estudiantes, que serán los futuros afectados, abandonan los salones y las aulas para reunirse entre ellos. Se están ocupando las plazas públicas. Se ha desarrollado el movimiento “Nuit debout” (“De pie en la noche”). Los trabajadores se van a la huelga, paralizando la infraestructura pública: en los ferrocarriles, las refinerías de petróleo, en el tránsito aéreo civil y de camiones de carga, en el servicio de limpia y en los puertos. De manera intencional se realizó una huelga en la empresa estadunidense ADP, que tiene su matriz europea en París, y que realiza la mayor parte del pago de nómina de las plantillas de personal y de los servicios de recursos humanos empresariales.

Los grandes sindicatos están en contra de esta ley, con excepción del ex sindicato cristiano Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT). La Confederación General del Trabajo (CGT) exhortó a hacer donaciones para un fondo de huelga, del que también se apoyará a los no sindicalizados. Las manifestaciones masivas y las encuestas ponen de manifiesto: tres cuartas partes de la población están en contra de la ley.

Reglamentaciones de emergencia contra terroristas y asalariados

Gattaz también exigió: “Contra el desempleo hay que proceder con la misma vehemencia que contra los atentados terroristas, es decir, con un plan de emergencia para el crecimiento y el empleo.”

Y también esta exigencia la cumplió Hollande. Se está llevando a sí mismo y a su partido hacia el suicidio político, favoreciendo así el desarrollo de la derecha. Trató de distraer de lo evidente con un curioso humor: bromeó diciendo que sabía que “en estas reformas estoy bajo la vigilancia de Bruselas y Berlín… sólo necesito marcar los cuadritos correctos con una cruz”. Está aprovechando las medidas de emergencia adicionales, impuestas con motivo de la Eurocopa. Provocadores vestidos de civil enviados por el Estado causaron disturbios. Contra quienes protestaban la policía emplea la violencia en forma arbitraria, los detenidos son juzgados en grupos frente a un tribunal.

Igual que en la Agenda 2010 y en la política de austeridad de la Troika, la “reforma” laboral también está relacionada en Francia con el recorte de gastos públicos. Esto no sólo provocó nuevas formas de precariedad laboral, de subempleo o de desempleo en Estados “débiles” de la UE, como Grecia, España y Portugal, sino incluso en el país fuerte, el “Campeón-Alemania”.

Anticipando el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP)

También la Comisión Europea sigue empujando. Ahora les advirtió a los mejores alumnos del gobierno alemán de Merkel que el salario mínimo para los choferes de camiones de carga, que atraviesan Alemania, son inaceptables. Con los tratados de libre comercio CETA y TTIP las dos regiones económicas más interconectadas del mundo, la Unión Europea y Estados Unidos (con su apéndice Canadá), deberán ser penetradas todavía más por el neoliberalismo. Ya son, de suyo, los más grandes impulsores de los salarios bajos y la precariedad, tanto dentro de sus Estados como mediante comisiones y filiales a nivel mundial.

También en Francia dominan entre tanto empresas e inversores anglosajones en los sectores de la economía que están a la cabeza en tecnología y rentabilidad: tecnología de la información, telecomunicaciones, navegación aérea y espacial, armamento, tecnología médica, logística para el transporte y recursos humanos. 32 por ciento de todas las inversiones extranjeras en la UE les corresponden entretanto a empresas estadunidenses; por el momento están a la cabeza: Amazon, General Electric, IBM, UPS, Uber así como gestores de capital como Blackrock, Carlyle y Blackstone. En los últimos años Francia fue el Estado miembro de la UE preferido por los inversores estadunidenses (antes lo había sido Alemania). Así, en el reporte anual de 2015 de Business France Francia estaba delante de los Países Bajos y de Gran Bretaña.

Esto también se puede ejemplificar con la empresa del presidente del MEDEF, Pierre Gattaz: Radiall, que se cotiza en la bolsa de valores de Nueva York, está activo sobre todo como proveedor de alta tecnología para consorcios estadunidenses: Boeing, Rockwell, Motorola, ITT Defense, pero también para Thales y Airbus. Sobre todo en sus sucursales en el extranjero Radiall emplea en su mayoría a trabajadores subcontratados. El propio Gattaz, que califica a Francia de “infierno fiscal [que frena el crecimiento] de las empresas”, sólo paga en ese país 3 por ciento de impuesto sobre los beneficios, al tiempo que se asegura altos subsidios estatales: vaya, el programa neoliberal completo llevado a su máxima expresión.

Articulación a nivel europeo

Las protestas en Francia son ejemplares. 1. Por primera vez se están llevando a cabo en un importante Estado capitalista, después de que tales “reformas” laborales fueran aprobadas sin una resistencia comparable en Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Rumania, Bulgaria, España, Irlanda e Italia. 2. Las protestas son ingeniosas, persistentes y poderosas. 3. Esta protesta masiva también muestra perspectivas: critica a toda la política de austeridad, que no sólo destruye la cohesión intrasocial, sino europea; ofrece propuestas para productos e inversiones que creen nuevos lugares de trabajo, que han de dirigirse, por ejemplo, a la transformación ecológica de los sectores energético y del transporte; propone una reducción de la jornada laboral para todos.

La articulación europea y trasatlántica de los movimientos de protesta (que en Estados Unidos resulta políticamente visible por primera vez en décadas gracias al candidato presidencial Bernie Sanders) está a la orden del día. En Bélgica se están realizando al mismo tiempo protestas similares, a las que se las ha prestado menos atención, contra la “Reforma del derecho laboral” local (véase recuadro, pág. 8). En Grecia la iniciativa MayDayStoptheCoup convocó a la revaloración del trabajo y a negociar contratos colectivos (llamamiento en cinco idiomas: www.mayday.gr). El consejo consultivo de attac Alemania llamó a la solidaridad europea con otras cinco iniciativas (www.arbeitsunrecht.de). Alter Summit invita, además, el 25 y 26 de noviembre a Bruselas: “Derechos sociales y laborales: fortalecer y vincular las luchas en Europa” (www.altersummit.eu/mobilisation).

En 2014 se publicó el libro “Die Fertigmacher. Arbeitsunrecht und professionelle Gewerkschaftsbekämpfung“ (Los terminadores. Injusticia laboral y combate profesional contra los sindicatos) de Werner Rügemer y Elmar Wigand (PapyRossa).

Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les acti-ve-s: así reza el complicado título del “Proyecto de ley para instituir nuevas libertades y nuevas protecciones para las empresas y los activos”. Yendo con la moda progresista de la transversalidad de género, en los asalariados se usa ahora también la forma femenina (acti-ve-s). Sin embargo, al mismo tiempo los conceptos “asalariado” y “trabajador” deben ser sustituidos por la palabra neutral “los activos”: cínica política de palabras.

El cinismo radica sobre todo en el hecho de que las “nuevas libertades” y las “nuevas formas de protección” valen sólo para los ejecutivos de las empresas. En ninguna parte del proyecto de ley se pueden encontrar nuevas libertades o formas de protección para los trabajadores dependientes, por el contrario. Los patrones tendrán mayores libertades, por ejemplo, para los despidos, las horas extras, los contratos temporales, cuando lo exija la “situación del mercado” de la empresa. El asunto es que esta situación del mercado la definen los propios patrones. Se deberán introducir nuevas formas de contratos laborales temporales y subsiguientes (en vez de un contrato fijo sin plazo de terminación), también aquéllos en los que se le deje abierto al empleador la decisión de cuándo darlos por terminados.

En algunas partes la ley va incluso más allá del modelo que fue la Agenda 2010 alemana: los empleadores pueden ordenar trabajo adicional sin paga, se preferirán los contratos intraempresariales y en cada planta particular: un debilitamiento intencional de los sindicatos. La atención en medicina del trabajo será reducida en lugares de trabajo riesgosos.

El gobierno del presidente “socialista” François Hollande sabe que en este proyecto tiene por lo menos al 70 por ciento de la población en contra, y todavía más entre los electores del partido “socialista”. Por eso quiere forzar la aprobación de la ley desde el principio promulgando un decreto emergencia (Artículo constitucional 49.3) pasando por alto al Parlamento (Asamblea Nacional).

Bernard Schmid

Lo –casi– asombroso es que todavía exista. Después de tres meses al movimiento que ocupa las plazas en París no se ha quedado sin aire, aunque el número de participantes se ha reducido en comparación con abril y principios de mayo. Nuit debout (traducción libre: “De pie en la noche”) se prepara para celebrar el centésimo día de su existencia, el 8 de julio, en la Place de la République en París. El movimiento nació el 31 de marzo de este año, en la tarde de la segunda “jornada de acción” sindical contra la proyectada ley del trabajo.

También por lo demás siguen las protestas sociales en Francia contra la proyectada ley del trabajo. Aunque las huelgas de las últimas semanas se han debilitado en muchos frentes, también por razones financieras: en Francia, a diferencia de Alemania, no existen históricamente los fondos de huelga. Esto también se relaciona con el hecho de que en Francia los sindicatos no poseen el control sobre la ejecución del derecho de huelga, mismo que tampoco se les quiere entregar. Por otro lado, en el pasado con frecuencia era posible insertar, tras la lucha laboral, una “poshuelga”, para negociar el pago de los días de huelga. Pero dado que las proporciones de fuerzas sociales se han empeorado terriblemente, esto casi ya no se practica. Debido a un considerable empeoramiento del estándar de vida de los asalariados, muchos de ellos casi no pueden permitirse huelgas de varias semanas. Por primera vez se constituyeron fondos de solidaridad para los huelguistas, tanto sindicalizados como no sindicalizados. También en internet se puede donar, por ejemplo en la página web Le pot commun. Pero la organización de la solidaridad financiera todavía está en pañales.

No obstante, se ha mantenido una diversa movilización de protesta contra la proyectada ley del trabajo. En las manifestaciones decenas de miles de personas en París y cientos de miles en toda Francia siguen llenando las calles y las plazas. El 23 de junio se realizó la décima “jornada de acción”, organizada por los sindicatos, la primera se celebró el 9 de marzo de este año. Se planean más de estas jornadas de acción.

Sin embargo, por primera vez el Estado decretó una prohibición para el 23 de junio. A ésta la precedieron algunos disturbios sucedidos en la manifestación central del 14 de junio, causados en parte por autónomos y jóvenes radicales. También trabajadores portuarios de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Le Havre se enfrentaron a golpes con fuerzas de la policía. Como supuesta reacción a ello, pero también –como le concedieron abiertamente sus asesores a la Prensa parisina– como “demostración de autoridad” el primer ministro Manuel Valls anunció la prohibición para realizar nuevas manifestaciones sindicales. Esto fue algo nuevo. No había habido nada comparable desde el final de la guerra de Argelia, en 1962.

Después de una oleada de protestas y tras negociaciones que duraron horas con las directivas del CGT y Fuerza Obrera (FO), el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, concedió un permiso, aunque en condiciones draconianas: los manifestantes sólo podrían marchar por una ruta de 500 metros y después regresar al punto de partida, es decir, prácticamente caminar en círculo. Además, todos los y las participantes debían pasar por un bloqueo policíaco cuádruple y permitir que los revisaran. Aproximadamente 80 personas en París y 110 en toda Francia fueron detenidas, entre ellas también periodistas, por llevar cascos de bicicleta.

Innumerables observadores se burlaron en internet sobre esta forma de “manifestación circular en el patio de la cárcel”. El Estado puede considerar un éxito el haber podido imponer tales condiciones, quizá creando así un precedente. Políticos de la derecha de diferentes denominaciones, como Nicolas Sarkozy y también Marine Le Pen, aprovecharon la oportunidad para presentarse como súper demócratas y criticar la política de prohibición de Valls.

Por su parte, las directivas de los sindicatos consideraron que lo más importante fue que la participación siguió siendo numerosa. Tan sólo en París se manifestaron más de 30 000 personas. Esto expresa que la proyectada “ley del trabajo” todavía no cuenta con una aceptación mayoritaria.

La tercera y decisiva lectura en el Parlamento deberá concluir alrededor del 13 de julio.

Bernard Schmid trabaja como periodista independiente en Francia.